En el Concejo Deliberante de Yerba Buena se avecina otra discusión. Y por lo que van a pelearse, ahora, es por plata. Desde hace dos sesiones consecutivas el presidente de ese cuerpo, el radical Benjamín Zelaya, convoca sin suerte a sus pares a debatir, entre otras cuestiones, la autorización al Ejecutivo local para acceder a la financiación que instrumenta el Gobierno provincial (se informa por separado sobre las disputas que impiden la deliberación). Aunque la adhesión al otrora Pacto Social es ratificada por ellos mes tras mes, mediante una ordenanza, en esta ocasión se observa una particularidad: tres ediles han introducido un artículo para que el Concejo perciba, mensualmente, un importe equivalente a la doceava parte de cada partida presupuestaria.
Los ideólogos de la modificación (Zelaya, y los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz) quieren, además, que la remisión de los fondos proceda dentro de los primeros cinco días hábiles para asegurar el funcionamiento institucional. Actualmente, el Concejo maneja un presupuesto de unos $ 2 millones mensuales, que se aplican al pago de sueldos y de gastos corrientes. Cuando Javier Jantus -concejal afín al intendente radical Mariano Campero- estaba al frente de ese cuerpo detallaba por escrito cuánto requería en cada rendición. Zelaya -militante de otras filas del radicalismo- aspira, en cambio, a que le depositen un monto fijo para esos conceptos. “Así como Campero le exige autonomía al gobernador Juan Manzur, nosotros le pedimos lo mismo a él”, razona el peronista Aráoz.
“Gobierno paralelo”
La iniciativa no convence, en cambio, a los ediles José Macome y Marcelo Rojas, que son compañeros de bloque. “Lo que tratan de hacer es aumentar sus gastos sociales en $ 60 millones. Además, pretenden meter ñoquis”, acusan ellos. Tampoco Jantus se muestra de acuerdo. “El presupuesto es lo que uno piensa que va a gastar. Parte de un supuesto. Ellos se comportan como si fueran un Gobierno municipal paralelo. Se han olvidado de que somos un poder legislativo”, opina.